PROPUESTA CIUDADANA.
MOCIÓN INSTANDO AL GOBIERNO DEL ESTADO A MODIFICAR LA LEY HIPOTECARIA CON EL FIN DE REGULAR LA DACIÓN EN PAGO Y ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EVITAR LOS DESAHUCIOS POR MOTIVOS ECONÓMICOS.
Visto
que con el estallido de la crisis y el aumento del paro, centenares de
miles de familias han llegado a una situación límite que no les permite cubrir sus
necesidades más básicas.
Visto
que según los datos del Consejo General del Poder Judicial, sólo entre
2007 y 2012 en el Estado Español se habrán producido cerca de 800.000 ejecuciones
hipotecarias, y que las previsiones dicen que cerca de 1.500.000 de hogares se podrían
ver afectados por esta problemática a corto plazo. Produciéndose actualmente
una media de 512 desahucios diarios.
Visto
que cuando esto sucede, las familias no sólo se enfrentan a la pérdida
de su vivienda sino también a una condena financiera de por vida: la entidad bancaria
interpone una demanda y se inicia el proceso de ejecución hipotecaria que
finaliza con la subasta del inmueble. Si la subasta queda desierta (cosa que en
el actual contexto de crisis sucede en más del 90% de los casos), con la ley
vigente la entidad bancaria se adjudica la vivienda por el 50% del valor de tasación
y sigue reclamando el pago de la deuda restante, más los intereses y costas
judiciales, a las personas en situación de insolvencia, mediante el embargo de
nóminas, cuentas, etc, así como embargos a los avalistas. Es decir, además de
perder la vivienda, miles de familias se enfrentan a una condena financiera de
por vida que se traduce en una condena a la exclusión social
y la economía sumergida.
Visto
que esta legislación que permite que las entidades financieras se adjudiquen
las viviendas por el 50% del valor de tasación no sólo es anómala y no tiene
comparativa con las legislaciones de otros países de nuestro entorno, sino que
además era desconocida por las familias cuando firmaron los contratos
hipotecarios. Hecho que se suma a la publicidad engañosa con la que se
comercializaron la mayoría de esas hipotecas, a la sobrevaloración en las
tasaciones y al lenguaje de difícil comprensión utilizado en los contratos que ahora
se descubre que en muchos casos escondía todo tipo de cláusulas abusivas, como
es el caso de las cláusulas suelo.
Visto
que consideramos inadmisible y totalmente injusto que en un Estado social
y democrático de derecho, todas las consecuencias de la crisis recaigan sobre
la parte más vulnerable del contrato hipotecario y en cambio las entidades
financieras, en buena medida responsables de la actual crisis,
reciban
ayudas millonarias que salen de los impuestos, sin tener que asumir ninguna
responsabilidad, al mismo tiempo que siguen generando miles de millones
de beneficios anuales.
Considerando
que todo lo aquí expuesto vulnera el actual marco jurídico, puesto que
el derecho a la vivienda es un mandato constitucional, especialmente recogido
en el artículo 47 de la Constitución española, que dice:
“Todos
los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Los poderes
públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas
pertinentes para hacer efectivo este derecho...”
pero
también en el artículo 33, que limita claramente el derecho a la propiedad privada
al cumplimiento de su función social (y que a día de hoy se incumple sistemáticamente
en los pisos vacíos acumulados por bancos y cajas), o en el artículo
24 que garantiza la tutela judicial (vulnerado en los procesos de ejecuciones
hipotecarias donde se produce clara indefensión).
así
como los compromisos jurídicos en materia de derecho a la vivienda asumidos
por el estado español al ratificar tratados internacionales vinculantes como
son, entre otros, la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25) y
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, sociales y Culturales (artículo
11), especialmente a partir de su Observación General número 4 -que concreta
el contenido del derecho a una vivienda adecuada- y la Observación General
nº 7 -que define los desalojos forzosos como una de las principales vulneraciones
del derecho a la vivienda.
Considerando
que todo lo aquí expuesto depende básicamente de una normativa
de competencia estatal, pero cuyos efectos dramáticos se concretan en el
ámbito municipal, puesto que es a los ayuntamientos a donde se dirigen mayoritariamente
las personas y familias afectadas en busca de ayuda. Así, los ayuntamientos
se convierten en doblemente perjudicados: en primer lugar porque
se vulneran los derechos fundamentales de sus ciudadanos; en segundo
lugar, porque en pleno contexto de crisis, cuando los recursos son más
escasos que nunca, reciben todas las peticiones de ayuda de las personas y
familias empobrecidas.
Considerando
que la pérdida de vivienda priva al individuo o la familia de toda residencia,
y que, a su vez, la ausencia de residencia les excluye de toda vía administrativa,
conllevando por ello la pérdida de derechos, impidiendo a las personas
afectadas realizarse tanto profesional como familiarmente.
Considerando
que, como consecuencia de lo anterior, los desahucios -aun más
cuando suponen el mantenimiento de una deuda en forma de condena financiera-
conllevan altos niveles de inseguridad que desencadenan la alteración
del orden público y la paz social, y considerando que los ayuntamientos
tienen el encargo de mantener la seguridad y el orden en el conjunto
del territorio municipal.
El
Pleno Municipal de Palomares del Río adopta los siguientes acuerdos:
Primero.-
Pedir al Gobierno central que, tal y como viene proponiendo la Plataforma
de Afectados por la Hipoteca y otras organizaciones sociales, apruebe
una modificación de la regulación hipotecaria que incluya la figura de la
dación en pago, de manera que, en los casos
de residencia habitual, si el banco
ejecuta la hipoteca y se queda con la vivienda, la totalidad de la deuda (principal,
más intereses y costas judiciales) quede liquidada, tal y como sucede
en otros países de la UE o en EEUU.
Segundo.-
Instar al Gobierno a aprobar una moratoria o implementar las medidas
necesarias para paralizar los desahucios de las familias en situación de
insolvencia sobrevenida e involuntaria. Para los miles de desahucios ya producidos,
que se aprueben con carácter de urgencia medidas destinadas a que
los miles de pisos vacíos que están acumulando las entidades financieras como
consecuencia de esos embargos sean puestos inmediatamente a disposición
de las familias desahuciadas y sin recursos en régimen de alquiler social,
no superando nunca el 30% de la renta familiar disponible.
Tercero.-
Más allá de las medidas de competencia estatal, estudiar las medidas
a emprender a nivel municipal para paralizar los desahucios, creando una
comisión especial mixta en la que participen representantes del pleno municipal
y de las asociaciones de afectados, vecinales y otras organizaciones sociales
conocedoras de la problemática. El objetivo principal de dicha omisión
será buscar alternativas que eviten los desahucios por motivos económicos.
En los casos que no sea posible, garantizar el realojo digno de las familias
afectadas.
Cuarto.-
Dar
traslado de estos acuerdos al Consejo de Ministros, y en especial
al Ministerio de Economía y al Ministerio de Justicia, así como a los grupos
parlamentarios del Congreso y el Senado, al Parlamento Autonómico, a la
Plataforma de Afectados por la Hipoteca y a las asociaciones vecinales del municipio.
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